lunes, 4 de octubre de 2010

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD EXPRESA SU RECONOCIMIENTO AL JUICIO A LAS JUNTAS MILITARES AL CUMPLIRSE 25 AÑOS DE SU REALIZACION


PROYECTO DE DECLARACION
Autores:BISUTTI, DELIA - CAMPOS, ANTONIO RUBEN - PUY, RAUL - LUBERTINO BELTRAN, MARIA - SANCHEZ ANDIA, ROCIO - REBOT, HELIO - CAMPS, ADRIAN - RAFFO, JULIO - BASTEIRO, FABIO

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su reconocimiento al juicio a las juntas militares al cumplirse 25 años de su realización.

FUNDAMENTOS

Ya pasaron 25 años de aquel proceso de transición democrática que representó, sin lugar a dudas, un momento de inflexión en la historia argentina, no solo por que por primera vez se sentaron en el banquillo aquellos responsables por el terrorismo de Estado y la represión ilegal sufridas por toda la sociedad argentina entre los años 1976 y 1983, sino también por que contribuyó al esclarecimiento de lo que ocurrió concretamente en esos años, especialmente gracias a los centenares de testigos que pasaron por los tribunales. Estos testimonios fueron una arma fundamental para la reconstrucción del pasado, allí especialmente en donde los otras fuentes y documentos fueron destruidos por los propios responsables, los actos de memoria fueron en este sentido, una pieza central de la transición democrática, sostenidos a veces por el estado y de forma permanente por organizaciones sociales. Esta reconstrucción y esclarecimiento de aquellos años no constituyó un logro menor, sino que por el contrario, logró instalar más que nunca en la sociedad que semejantes crímenes no debieran producirse nunca más. Veintisiete años de democracia lo demuestran.

Un poco de historia quizás nos introduzca un poco más en los motivos de la importancia de aquel evento. En los primeros años de la década del ochenta, la incapacidad para resolver los graves problemas económicos, el desprestigio internacional y los conflictos entre los propios militares de las distintas Fuerzas hicieron entrar en crisis a la dictadura militar que se había instalado en el gobierno con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En ese contexto, la derrota de la Guerra de Malvinas en junio de 1982, por un lado, y las movilizaciones de los organismos de derechos humanos, el pedido de los partidos políticos como también las denuncias de organismos internacionales por otro, contribuyeron a acelerar una transición hacia la democracia. El 30 de octubre de 1983, luego de más de siete años de gobierno militar, los argentinos volvieron a elegir a sus representantes por medio del voto. El 10 de Diciembre de 1983 Raúl Alfonsín, asumió como presidente constitucional de la Argentina. La vuelta a la democracia trajo consigo la vigencia de la Constitución Nacional. Recuperamos, de esta forma, los argentinos, el derecho a la vida y a la integridad, el derecho a elegir a nuestros gobernantes y el derecho a opinar libremente, derechos estos que habían sido violados sistemáticamente por el régimen militar.

En un contexto histórico en que la Argentina tenía una incipiente democracia y el país venia de medio siglo de alternar gobiernos civiles y militares. Los militares no estaban dispuestos a recibir ninguna clase de revisión sobre los actos cometidos, por ello la promulgación de la “Ley de Autoamnistía”.Frente a ellos estaban las víctimas, la valentía de las Madres, de algunos grupos de derechos humanos, que reclamaban la aparición con vida de los detenidos y desaparecidos. Frente a ellos estaba la esperanza y el deseo de justicia. El reclamo popular recorrió las calles encabezado por los Organismos de Derechos Humanos, principalmente por Las Madres de Plaza de Mayo con su ronda semanal desde los tiempos de la dictadura.

El gobierno de Alfonsín derogó en diciembre de 1983 la “Ley de Autoamnistía” y se dictaron dos decretos ordenando el arresto y la investigación, a través de la creación de la Conadep, de los miembros de las tres primeras Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983 (entre ellos, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri). Pero, al mismo tiempo, se sancionó la Ley de Reforma del Código Militar, que establecía que los delitos cometidos por el personal militar entre 1976 y 1983 debían ser juzgados por la justicia militar. Esta ley tenía como objetivo que las Fuerzas Armadas condenaran a sus propios miembros y se incorporaran, de esta forma, al proceso democrático. No resulta ilógico entonces comprender que el 25 de septiembre de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, expresó en un documento que las ordenes de represión que habían dado las cúpulas militares eran “inobjetablemente legítimas”.

Teniendo en cuenta la ley 23.049 que permitía a los tribunales civiles apelar la decisión de la justicia militar, con la llegada de la democracia se propuso habilitar una instancia judicial ordinaria que permitiera que la junta militar no fuera juzgada solamente por instancias militares. Esta cámara fue la Cámara Federal Penal cuyos fiscales acusadores fueron Strassera, D`Alessio, Araoz, Ocampo, Ledesma, Arlasnian y Gil Lavedra. De esta forma, los militares serían juzgados con verdadera justicia y así el Juicio a las tres primeras juntas militares inició sus audiencias en abril de 1985 y finalizó el 9 de diciembre del mismo año. El fallo condeno a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Los acusados Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo no fueron condenados por no haberse podido probar los delitos que se les imputaban. Esta sentencia represento un logro para la comunidad toda, ya que seria la primera vez que las juntas militares de un gobierno de facto eran juzgadas por un tribunal civil.

El fallo pronunciado por la Cámara Federal en el Juicio a las Juntas Militares permitió que en diversos tribunales de todo el país se abrieran nuevas causa por las desapariciones, los secuestros, las torturas, y los homicidios cometidos por los militares que participaron en la última dictadura, independientemente de su lugar en la cadena de mandos. Pero después de estos sucesivos avances, 2 trabas políticas, harían este sentimiento de justicia plena se fuera socavando. Estas son las Leyes de Punto Final y la de Obediencia Debida. Estas dos leyes, intentaban limitar el alcance de las denuncias por los crímenes cometidos por la dictadura. La primera colocaba un límite temporal mientras que la segunda buscaba restringir las responsabilidades sólo a las cúpulas militares. Definitivamente, estas leyes apuntaban a una suerte de "pacificación" de la sociedad colocando un cierre a una etapa que para alguno, parecía ser solamente parte del pasado mientras que para la mayoría de la sociedad y sobre todo para los miles de familiares de desaparecidos y detenidos constituía motivo de lucha por el presente.

La impunidad que gozaban los militares responsables de los crímenes de lesa humanidad siguió creciendo bajo el paraguas de la dirigencia política. En el primer gobierno de Carlos Menem, primero en 1989 y luego en 1990, se emitieron una sucesión de decretos que garantizaban el perdón a centenares de militares responsables de la ultima dictadura militar, especialmente el Decreto 2741/90 en el cual se indultaban a aquellos miembros de la junta militar que habían sido encontrados culpables, en el juicio celebrado en el '83. Pero más tarde, gracias a la presión de la incansable militancia de los organismos de Derechos Humanos y el pedido de Justicia de gran parte de la sociedad, estas leyes conocidas como leyes de impunidad fueron derogadas en el congreso de la Nación, en el 2003. Gracias a esta derogación, los juicios comenzaron a reabrirse.

Hoy en día, podemos celebrar la búsqueda de la verdad y a la justicia que se esta produciendo a través de los juicios orales que se están llevando a cabo a lo largo de todo el país. En Capital Federal, se están produciendo juicios por los delitos cometidos en cada centro clandestino de detención. El juicio de la ESMA, el de "Automotores Orletti", "Club Atletico" , "el Olimpo", "El Vesubio" y el del Primeer Cuerpo del Ejército. También en el interior del país se están reproduciendo estos juicios. En Chaco, Resistencia se abrieron dos causas que involucran delitos de lesa humanidad. En la Plata con la causa Dupuy. Del mismo modo en Rosario y Mendoza. Especialmente en Córdoba donde en el Tribunal Oral Criminal Federal se unifican dos causas, la del ex presidente Videla y la del ex Jefe de 3er cuerpo del Ejercito Benjamín Menéndez. En La Pampa y Santa Fe también se están produciendo juicios similares.

El motivo de la presente declaración tiene como objeto recordar el juicio a las juntas que fue una puerta de entrada hacia el pedido de verdad y justicia que hoy en día la sociedad argentina intenta, poco a poco, concretar. Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que acompañen el presente Proyecto de Declaración.










0 comentarios:

Publicar un comentario